El Ministerio Público allana desde primeras horas de la mañana de este lunes la sede de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, a cuyos directivos investiga, junto a varios funcionarios, por varios delitos de corrupción administrativa, incluyendo obstrucción de la justicia y lavado de activos.
Como parte de la denominada Operación Caracol puesta en marcha hace varios meses por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, las autoridades investigan al organismo encabezado por Hugo Francisco Álvarez Pérez, por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.
El propio Wilson Camacho, procurador adjunto titular de la Pepca, encabeza el allanamiento en el edificio gubernamental Manuel Fernández Mármol, que acoge a la Cámara de Cuentas en la avenida 27 de Febrero, esquina Abreu, en Santo Domingo. Mientras, la responsable de la Dirección de General de Persecución, Yeni Berenice, y un amplio equipo de fiscales realizan diversas acciones encaminadas a salvaguardar las informaciones que busca el Ministerio Público en el organismo fiscalizador.
La Operación Caracol llevó a que un amplio contingente policial, integrado por decenas de agentes de la Policía Nacional, incluyendo miembros del equipo Swat, tomaran el control perimetral del edificio desde tempranas horas de este lunes. En el allanamiento también participan miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El allanamiento de este lunes se produce con base en la Resolución 01-2021, dictada el 18 de este mes de febrero de 2021 por la jueza María G. Garabito Ramírez, de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.
La designación de Garabito Ramírez como jueza de control de la investigación a la Cámara de Cuentas se produjo luego de una solicitud de la Pepca al presidente de la Suprema, Luis Henry Molina Peña, en virtud del privilegio de jurisdicción que tienen los integrantes del pleno del órgano de supervisión.
Los miembros del pleno y varios funcionarios de la Cámara de Cuentas son investigados por presunta violación al artículo 12 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público; 59, 60, 123, 124, 145, 146, 147, 171, 172, 175, 188, 189, 265, 266 y 405 párrafo del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.
