Si no cambian los factores coyunturales que inciden en los precios del petróleo y sus derivados en el mercado internacional, el país está obligado a diseñar varias estrategias para enfrentar esa volatilidad, de manera que nos coloquemos en condiciones de minimizar sus efectos preservando la estabilidad macroeconómica.
El tiempo demuestra que no basta tampoco con preservar la estabilidad macroeconómica, sino que los sectores vulnerables requieren de políticas públicas que mejoren su calidad de vida en lo atinente a la educación, la salud y el empleo.
Fueron las hipotecas subprime en EEUU que dieron origen a una gran crisis en todo el mundo. En poco tiempo quebraron importantes bancos, y en muchos países los gobiernos se vieron obligados a intervenir para evitar un desastre mayor.
En medio de aquella grave crisis global de hace 14 años, el incremento de los precios del petróleo en los mercados internacionales volvió a asomar la cabeza. El 2 de abril de 2008, en plena burbuja inmobiliaria, el barril se cotizó a 147 dólares.
República Dominicana se beneficiaba entonces del programa de Petrocaribe, mecanismo mediante el cual el gobierno de Venezuela concedía un precio especial a partir de un tope de 50 dólares el barril y hasta 50 mil barriles diarios de productos refinados, de GLP o sus equivalentes energéticos, que en ese momento no teníamos capacidad de consumir en su totalidad.
El país se favoreció de un programa que le garantizó una tasa de interés de 2 por ciento, un 40 por ciento de financiamiento a partir de 50 dólares el barril y 50 por ciento a partir de 80 dólares hasta los 100 dólares el barril.
Cuando excedía los 40 dólares el barril, el período se extendía hasta 25 años, incluyendo los dos años de gracia, a una tasa de interés de uno por ciento anual. El procedimiento de embarque, pago y financiamiento fue establecido con claridad entre PDVSA, Refidomsa y el Ministerio de Hacienda dominicano.
Otro factor favorable del contrato lo constituyó que los pagos se podrían hacer diferidos por compensación con productos, bienes y/o servicios establecidos por ambos gobiernos.
Para el año 2011, el presidente Hugo Chávez Frías aprobó de manera directa que República Dominicana pudiera pagar con caraotas negras, 12.5 millones de dólares; pastas alimenticias, 56,76 millones de dólares; azúcar líquido, 56.58 millones de dólares; pollo congelado, 49.6 millones de dólares y aceite de soya, 45.4 millones de dólares. Luego, en el año 2012 se aprobó la importación de alimentos para animales por valor de 30 millones de dólares.
En tres años, esto es de 2010 hasta 2012, el país exportó RD$27 millones 243 mil 060 pesos con 32 centavos en productos dominicanos.
Los ingresos percibidos por República Dominicana a través de Petrocaribe a corto plazo, desde el año 2005 hasta 2012, esto es en 7 años, fueron de US$3 mil 159 millones 103 mil 681 con 76 centavos.
El total de ingresos en dólares de Petrocaribe, a largo plazo, fue de 6 mil 140 millones 627 mil 855 con 37 centavos, un gran alivio para la economía dominicana amenazada por la crisis financiera global.
En el año 2013, el total de la deuda dominicana con Venezuela alcanzaba la suma total de US$7 mil 395 millones 441 mil 259.05. Las exportaciones dominicanas en dólares ese año fue de 3 mil 072 millones 462 mil, mientras el monto compensado en bienes y servicios fue de US$2,335 millones 582 con 10 centavos.
Las consecuencias de aquella espiral alcista del petróleo no tardaron, tema en el que una parte de los actores políticos prefieren ignorar, pues en el año 2011 el nivel de dependencia energética de nuestras naciones era de 80 por ciento, de manera que esa fluctuación constituía un retroceso de miles de millones de dólares en las economías de la región, de manera especial aquellos que no tenían protección. República Dominicana contaba con Petrocaribe.
El acuerdo con Venezuela constituía un alivio no solo para la República Dominicana, sino para un puñado de pequeñas economías caribeñas. Inicialmente, el acuerdo venezolano fue suscrito con 14 países de la región en la ciudad de Puerto la Cruz en el año 2005, denominado “Acuerdo de cooperación energética de Petrocaribe.
Este programa venezolano sucumbió a raíz de la declaratoria de “emergencia económica” declarada por el gobierno el 15 de enero de 2016 por la reducción del PIB en un 4.5 por ciento debido a la recesión en que cayó su economía, la inflación y la devaluación de su moneda.
En este momento, el país no cuenta con ningún mecanismo ni de financiamiento o de otro tipo ante la volatilidad de los precios del petróleo, impacto del que ni siquiera Estados Unidos se ha escapado.
Como consecuencia de la pandemia del Covid-19, agravado por la guerra entre Rusia y Ucrania, los atascos en la cadena de suministros y las medidas restrictivas por el Covid-19 en muchas economías asiáticas, los países no productores de petróleo somos más vulnerables.
Nuestros desafíos en lo inmediato son continuar con el plan de expansión de los proyectos no provenientes de combustibles fósiles: energía eólica, fotovoltaica y generación a gas.
Asimismo, los presupuestos de emergencia deben mantener los subsidios a los alimentos, los combustibles en sus diferentes derivados como hace el gobierno para proteger a los que menos pueden defenderse de estos factores externos.
fuente: Listín Diario
