El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, autorizó personalmente la decisión de solicitar la orden de registro del pasado lunes a la residencia del expresidente Donald Trump en Florida y ha pedido autorización a un tribunal del sur de este estado para que haga pública dicha orden.
En una breve declaración tras la cual no aceptó preguntas, Garland defendió la legalidad del registro y señaló que este tipo de decisiones no se toman «a la ligera».
Siempre que es posible, aclaró, se opta por medios «menos intrusivos» como alternativa.
La orden de registro fue autorizada por un tribunal federal y el inventario de propiedad es un documento que la ley federal exige que las fuerzas del orden dejen al dueño del lugar.
El primero en informar de la redada a la mansión de Florida había sido el propio Trump en sus redes sociales. «Es su derecho», dijo el fiscal general, según el cual los abogados del exmandatario republicano (2017-2021) recibieron ese mismo día una copia de la orden de registro y del inventario del FBI.
Garland destacó que la adhesión al estado de derecho es el «principio fundamental» del Departamento de Justicia y de la democracia estadounidense, y apuntó que nadie está por encima de la ley.
«Defender el estado de derecho significa aplicar la ley de manera uniforme sin temor ni favoritismo. Bajo mi supervisión, eso es precisamente lo que está haciendo el Departamento de Justicia», dijo en esa breve intervención televisada, en la que criticó los ataques y amenazas lanzados contra las fuerzas del orden.
El registro a la casa de Trump en Palm Beach buscaba recuperar documentos de seguridad nacional que el expresidente no entregó a agentes federales durante una reunión en junio en la que el FBI ya se llevó más material en cumplimiento de una orden judicial.
Así lo apuntan varios medios estadounidenses como CNN y The New York Times, que citan a fuentes conocedoras del caso.
