El Congreso de México ha sacado adelante una reforma electoral que modifica la estructura económica e interna del Instituto Nacional Electoral y que elimina el artículo que permitía la transferencia de votos a partidos minoritarios en riesgo de perder su registro.
Con 72 votos a favor y 50 en contra, el Senado mexicano ha remitido al Ejecutivo de López Obrador el denominado ‘Plan B’ de la reforma electoral, que permitirá al Estado ahorrar 3.605 millones de pesos (184 millones de euros), según ha informado ‘El Sol de México’.
Esta medida propone compactar áreas del Instituto Nacional Electoral (INE), reducir órganos distritales, eliminar la transferencia de votos a los partidos en riesgo de perder su registro –conocida como la vida eterna a los partidos– y poner un techo al sueldo de los consejeros electorales para que no ganen más que los miembros del Gobierno.
También permite a personas en prisión preventiva votar y se establecen límites a las interpretaciones del INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a los declaraciones de funcionarios que podían considerarse propaganda y por las que se emiten sanciones.
Concretamente, se establece que «no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas», según ha recogido el citado diario.
Asimismo, se modifica el artículo 70 de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral para que los dichos de los políticos no les afecten en los procesos electorales.
«A fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin importar el formato, sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien las emite», se lee en la propuesta aprobada por el Senado.
Este ‘Plan B’, aprobado por el partido Morena y sus aliados, es una reforma de tipo legal propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, después de dar marcha atrás a su anterior polémica propuesta de reforma electoral.
La reforma electoral originaria del mandatario mexicano, que causó el rechazo de distintos grupos políticos, contemplaba cambios para el órgano electoral, que pasaría a llamarse INEC (Instituto Nacional Electoral y de Consultas). Asimismo, incluía una reducción en el número de diputados, que habría pasado de 500 a 300.
