Organizaciones de la sociedad civil de El Salvador denunciaron que más de un centenar de personas murieron bajo arresto durante el régimen de excepción.
Un grupo de ocho agrupaciones presentaron este lunes un informe con datos que indican durante el año en que rige la normativa, aprobada por la Asamblea Legislativa, llevan contabilizados cinco mil 85 víctimas directas de presuntas violaciones a derechos humanos.
Precisaron los grupos que los fallecidos bajo custodia y control del estado en la mayoría de los casos presentaban señales de muerte violenta.
Los fallecidos presentaban signos de violencia posiblemente generada dentro de la detención, por ejemplo estrangulamiento, quebradura de costillas, heridas de abdomen y cabeza, incluso en reporte oficiales de las autoridades, dijo Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
Alejandra Burgos, de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, precisó que la detención arbitraria acapara el 95 por ciento de las denuncias de las organizaciones, y es la Policía Nacional Civil, con el 74 por ciento, quien marca el paso en este problema.
Stanley Quinteros, director general de Socorro Jurídico Humanitario, denunció que tienen las pruebas de de 20 mil capturados bajo la normativa que no son culpables, algo que se aproxima a informes de fuentes de créditos que aseguran que el 40 por ciento de los arrestados son inocentes.
REGIMEN SE MANTENDRA
El régimen de excepción imperante en El Salvador desde hace un año se mantendrá por tiempo indefinido, dijo hoy el ministro de Defensa, Francis Merino.
Blanco de denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos, la normativa será mantenida «mientras haya pandilleros en la calle» puntualizó el titular, cabeza visible, junto a Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, de la quinta parte del Plan de Control Territorial (PCT), los cercos de los municipios.
La medida aprobada por 30 días el 27 de marzo de 2022 fue prorrogada consecutivamente en 11 oportunidades hasta el 15 de este mes, su mas reciente extensión.
Meriño puntualizó que estas ampliaciones se realizaron de acuerdo a la Constitución, aunque algunas fuentes precisan que ese tipo de medida no deben existir por tanto tiempo pues se violan derechos de personas inocentes.
Todo lo que se hace es constitucional y legítimo, reiteró el titular de Defensa, visto con frecuencia en operaciones de cerco militares en municipios como Soyapango, uno de los primeros donde se aplicó esta acción a gran escala.
