El Tribunal Superior Electoral (TSE) brasileño continúa con el desarrollo del juicio que recae sobre el expresidente Jair Bolsonaro, quien está bajo sospecha de “abuso de poder”, un motivo por el que podrían quitarle sus derechos políticos durante ocho años.
El proceso judicial contará con la decisión del instructor del caso, Benedito Gonçalves, que anticipó que apoyará la culpabilidad del exmandatario. Está previsto que posteriormente intervengan los otros seis miembros del TSE.
El marco de la causa señala al ultraderechista de utilizar sus facultades como presidente para influir en las pasadas elecciones, en las que su intento por ser reelegido se vio frustrado ante el triunfo en las urnas del izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva.
Bolsonaro convocó el 18 de julio de 2022 a medio centenar de embajadores extranjeros y medios de comunicación a su residencia oficial. En esa oportunidad, el líder político cuestionó la transparencia del sistema electoral y de la democracia.
La acusación, presentada por el Partido Democrático Laborista, indica que el entonces presidente incurrió en “abuso de poder político y conductas vedadas” para armar un acto de campaña transmitido en la televisión pública y por utilizar indebidamente un predio oficial.
Para los laboristas, las declaraciones reiteradas del entonces mandatario contra el sistema electoral promovieron los actos delictivos perpetrados el 8 de enero de 2023, cuando cientos de manifestantes asaltaron las sedes de los tres poderes gubernamentales, luego de la juramentación de Lula da Silva.
Las razones de la acusación fueron respaldadas por el Ministerio Público, que recalcó que la actitud de Bolsonaro fue un intento de “manipulación que podría corroer el pleito electoral” con “alegaciones inciertas” dirigidas a la sociedad brasileña y a la comunidad internacional.
Es una «falsedad ideológica»: Bolsonaro se defiende de las acusaciones
El equipo de abogados de Bolsonaro sostiene que el líder político no incurrió en ninguna infracción, que el asunto está cargado de “falsedad ideológica” y que solamente expuso preocupaciones sobre las urnas electrónicas utilizadas en Brasil desde 1996.
La semana pasada, cuando se celebró la primera audiencia, el abogado del ultraderechista, Tarcísio Vieira, calificó como “franciscano” e “institucional” el encuentro de Bolsonaro con delegados extranjeros, donde solo dio “sus opiniones sobre el sistema electoral brasileño”.
Por otro lado, durante una entrevista publicada este martes en el diario ‘Folha de Sao Paulo’, Bolsonaro recalcó que es inocente y le restó importancia a la posible pérdida de sus derechos políticos, afirmando que no se va a “desesperar” y que podría continuar trabajando en Estados Unidos.
Estas declaraciones son contrarias a las que expresó en su canal de YouTube el jueves pasado, cuando afirmó que le gustaría continuar en la vida política brasileña.
“Me gustaría seguir 100% activo en la política y quitando mis derechos políticos, que en mi opinión es una afrenta, pierdes un poco de ese combustible”, comentó el político que dirigió al gigante latinoamericano entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de enero de 2023.
El panorama político de Brasil se vería modificado en caso de que Bolsonaro sea excluido del escenario, una decisión que podría apelar en la Corte Suprema, en caso de considerarlo necesario.
Si bien no es un líder que cuente con una devoción inamovible del electorado conservador del país, sigue siendo la figura más preponderante de la derecha nacional, destacan los expertos. Su ausencia obligaría a una reestructuración.
Ante ese posible panorama, más aspirantes de esa corriente ideológica pretenden ganar terreno en la escena política del país. Entre ellos figuran el gobernador paulista, Tarcisio de Freitas, el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, y hasta la esposa del expresidente, Michelle Bolsonaro.
