A siete años de la imposición por Washington de la Ley Promesa, la corrupción y el saqueo continúan hoy en Puerto Rico, afirmó un vocero de la Jornada Se Acabaron las Promesas.
La portavoz del colectivo, Jocelyn Velázquez, sostuvo que los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) «sangran nuestras arcas e implementan políticas de austeridad que empeoran nuestra calidad de vida».
«Es momento de que el gobierno de Estados Unidos asuma su responsabilidad por esta crisis y detenga la encerrona en la que tiene sometido al pueblo puertorriqueño», dijo a los periodistas durante una protesta frente a la sede principal del tribunal norteamericano en el sector capitalino de Hato Rey.
Velázquez indicó los miembros de la JSF no son los únicos involucrados en el saqueo a esta isla del Caribe, ya que el Congreso y la corte federal también son ejecutores del crimen.
«Los fondos, decisiones y procesos para la reconstrucción de nuestra isla no pueden estar condicionados a los caprichos de la Junta y del gobierno estadounidense a través de sus cortes, congreso e instituciones», insistió al llamar a tomar las calles.
Con la participación de diversas organizaciones, como Trabajadores y Comunistas por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) y el Comité de Solidaridad con Cuba, Velázquez subrayó que en estos siete años desde que se impuso, la JSF «sangra nuestras arcas» por lo que la corrupción no se detiene en Puerto Rico.
«Las instituciones del gobierno imperial de Estados Unidos usaron como pretexto la crisis fiscal y la corrupción gubernamental para obligar a nuestro pueblo a someterse a la Ley Promesa», adujo.
La activista social recordó que Jornada se Acabaron las Promesas «es una propuesta para la construcción de un nuevo país que apuesta por la gente, por las iniciativas gestadas desde las comunidades, por los proyectos que llevan años resistiendo medidas que han asfixiado nuestra calidad de vida».
La junta fiscal, que ha gastado sobre mil 500 millones de dólares, nada ha hecho en estos siete años para aliviar la situación del pueblo puertorriqueño, sometido a 125 años de dominación colonial por Estados Unidos.
Velázquez recalcó que se ha obligado al pueblo puertorriqueño a pagar una deuda que no le corresponde, ya que lo único que ha hecho es beneficiar a los grandes intereses foráneos.
«Por eso, el llamado es a repudiar a la Junta dictatorial y a todo el aparato gubernamental de Estados Unidos en la isla», ratificó,
