La Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes solo espera a que el Centro de Operaciones de Emergencia remita el expediente con los menores de edad intoxicados por la ingesta de alcohol, durante las festividades de Navidad y Nochebuena.
La magistrada Olga Diná Llaverías indicó que aguarda por las notificaciones que les sean remitidas de cada caso para junto a su equipo actuar en consecuencia.
La reacción de Diná Llaverías se produce luego de que el director del COE, Juan Manuel Méndez, reveló que 24 menores de edad, entre cinco y 17 años, se intoxicaron con ingesta de alcohol, durante la primera parte del “Operativo de Navidad: Conciencia por la Vida” y que luego de que concluya el asueto de Año Nuevo, enviará el informe completo al Ministerio Público.
“Estoy esperando la notificación de los casos y el equipo, a nivel nacional, ha estado trabajando”, afirmó la magistrada Dina, en declaraciones a N Digital.
El Párrafo, indica: “El incumplimiento de esta obligación conlleva una sanción penal de uno a tres salarios mínimo establecido oficialmente. La sala penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes es competente para conocer de esta infracción”.
La representante del Ministerio Público adelantó que una vez tenga las informaciones en manos, procederá de inmediato con las medidas de lugar, contra todas las personas que corresponda.
Explicó que requiere de las informaciones de los casos puntuales, los lugares donde se produjeron, los afectados, edades, direcciones, nombre de padres y tutores y saber los lugares de mayor incidencia de intoxicaciones alcohólicas contra menores.
Indicó que ante esta situación, se procederá conforme al Artículo 14 de la Ley 136, sobre el Código para el Sistema de Protección y los Derechos fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, relativo a que el derecho a que sea denunciado el abuso en su contra:
“Los profesionales y funcionarios de las áreas de la salud, pedagogía, sicología, trabajo social y agentes del orden público, directores y funcionarios, tanto públicos como privados, y cualquier otra persona que en el desempeño o no de sus funciones tuviere conocimiento o sospecha de una situación de abuso o de violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, están obligados a denunciarla ante las autoridades competentes, estando exentos de responsabilidad penal y civil, con respecto a la información que proporcionen”.
