La Policía sudafricana ordenó este lunes movilizar «al máximo» los recursos de las fuerzas de seguridad para localizar y detener al presunto cabecilla de las actividades clandestinas de una mina de oro en el noreste del país, en la localidad de Stilfontein, donde murieron 87 mineros ilegales.
Según informó la Policía en un comunicado, el presunto cabecilla, conocido por el apodo de ‘Tigre’, escapó con ayuda de agentes policiales y se encuentra en paradero desconocido después de salir durante la operación de rescate ejecutada la pasada semana en la Mina de Oro de Buffelsfontein (BGM, por sus siglas en inglés).
En el marco de esa operación y después de meses de cerco policial para sacarlos fueron rescatados 246 mineros ilegales vivos y se recuperaron 78 cuerpos, a los que deben sumarse otros nueve cadáveres sacados en las semanas anteriores.
«Se están llevando a cabo extensas investigaciones y operativos de rastreo para encontrar a los funcionarios que facilitaron su fuga entre el pozo 11 y las celdas de detención de la Policía de Stilfontein», señaló el comisario provincial en funciones, Patrick Asaneng.
Asaneng advirtió de que «rodarán cabezas» cuando se encuentren a los funcionarios que le ayudaron escapar, quienes serán llevados ante la Justicia sudafricana.
Según el comisario, el presunto cabecilla no fue fichado en ninguna de las comisarías donde se encuentran detenidos los mineros ilegales y tampoco fue ingresado en ningún hospital local para recibir atención médica.
El presunto cerebro de las actividades clandestinas en la mina es un fugitivo de la justicia, un ciudadano del vecino Lesoto que, según los registros policiales, se llama James Neo Tshoaeli.
Varias declaraciones de mineros rescatados y vídeos obtenidos por la Policía sudafricana señalan a Tshoaeli como el presunto responsable de algunas muertes, agresiones y torturas que se habrían producido bajo tierra.
También se le acusa de haber acaparado y ocultado alimentos a otros mineros ilegales, conocidos en el país como ‘zama-zamas’ (expresión coloquial en lengua zulú que significa ‘arriesgarse’ o ‘intentarlo de nuevo’).
La crisis en esta mina de Stilfontein, a unos 160 kilómetros de la ciudad de Johannesburgo y de más de 2 kilómetros de profundidad, saltó a los titulares el pasado octubre, cuando la Policía sudafricana bloqueó el suministro de agua y comida después de meses tratando de forzar la salida de los mineros, reacios a abandonar el yacimiento por miedo a ser arrestados o por verse retenidos bajo tierra por mafias.
Esa medida de las autoridades generó una gran controversia y el rechazo de la comunidad local y de activistas por los derechos humanos, que acusaron también a la Policía de retirar el mecanismo que usaban los mineros ilegales para salir a la superficie.
Asaneng expresó su decepción ante la colaboración de agentes en la fuga de Tshoaeli, lo que consideró como una «vergüenza» para la operación policial «Vala Umgodi» (‘Cerrar la mina’, en zulú), puesta en marcha en diciembre de 2023 para atajar la minería ilegal en el país y que propició la detención de más de más de 13.690 personas en siete provincias, según cifras del pasado noviembre.
La minería ilegal abunda en Sudáfrica con mineros que trabajan en numerosas explotaciones en desuso y abandonadas, sobre todo en la zona de Johannesburgo y alrededores, a las que descienden a menudo con suficientes suministros para permanecer bajo tierra durante meses y así aumentar los beneficios de sus actividades.
Además de los riesgos que conlleva, la minería ilegal hace mella en la economía sudafricana y supone enormes pérdidas de ingresos tanto para el Gobierno como para la industria minera del país.
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