El obispo Rolando Álvarez, quien está acusado por el Gobierno de Nicaragua de organizar «grupos violentos», sigue retenido en su domicilio 21 días después de que la Policía Nacional ingresase en la Diócesis del municipio de Matagalpa, aunque se encuentra bien de salud.
Según han confirmado fuentes bajo condición de anonimato al diario ‘La Prensa’, el religioso se encuentra «bien física y espiritualmente», aunque si quiere comunicarse con alguien es necesario que haya un miembro de la Policía cerca.
Así, el obispo está «limitado totalmente». Pese a ello, Rolando Álvarez sí ha podido recibir al menos dos visitas del cardenal Leopoldo Brenes, quien es vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Leonardo Brenes.
OTROS DETENIDOS
Según recoge el diario ‘Confidencial’, otros de los presos que permanecen en su hogar por orden judicial son la excandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, miembro de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021.
También figura en esa lista la ex primera dama y antigua diputada María Fernanda Flores, mujer del expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, quien antes de ser detenida perdió su escaño en medio de una polémica por el liderazgo del Partido Liberal Constitucionalista, del que formaba parte.
CRÍTICO DEL GOBIERNO DE ORTEGA
Álvarez, crítico del Gobierno de Daniel Ortega, ya denunció a principios de agosto que la Policía mantuvo sitiada la curia episcopal de Matagalpa, donde reside. Según un comunicado de las autoridades nicaragüenses, el obispo incita a «ejecutar actos de odio contra la población con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua».
El Gobierno del país ya impuso otro bloqueo al obispo Álvarez en mayo de 2021, cuando el prelado se refugió en una iglesia en Managua, que también fue sitiada por la Policía Nacional, según informó el diario local ‘Confidencial’.
Álvarez es una de las voces más críticas dentro de la Iglesia con el Ejecutivo de Daniel Ortega. Recientemente denunció la supuesta injusticia del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), al cerrar diez emisoras católicas de la Diócesis, argumentando que no tenían permiso para operar, cuando el mismo prelado lo había solicitado desde 2016.
El Gobierno de Ortega acusa a la Iglesia Católica de fomentar la movilización ciudadana que estalló en 2018 y en las últimas semanas ha endurecido la persecución sobre organizaciones y líderes religiosos. El secretario general de la ONU, António Guterres, se ha mostrado «preocupado» este viernes por esta represión.
