Autoridades de El Salador mantienen hoy la ofensiva contra la delincuencia organizada en el país, en medio de apoyos y críticas a las acciones que se desarrollan, comprendidas en el Plan de Control Territorial (PCT).
En la actualidad más de 10 mil militares y policías participan en el cerco de las comunidades de Tutunichapa y La Granjita, de San Salvador, lo cual sigue a medidas similares en Comasagua y Soyapango, como parte de la V fase del PCT que desde marzo es arropado por el régimen de excepción que suspende varias garantías constitucionales.
Este martes fue noticia el arresto en el departamento de Cabañas de dos individuos, presuntos pandilleros, que portaban dos fusiles de asalto (un AK-47 y un M-16), una pistola, marihuana y cartuchos para las armas.
Según la policía los sujetos tienen antecedentes criminales desde el 2015, por cargos de posesión y tenencia de drogas y agrupaciones ilícitas.
Las autoridades señalaron que el capturado será procesado por «tenencia, portación y conducción de armas de guerra, tenencia portación ilegal de arma de fuego, tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas».
Hace apenas una semana fueron arrestaron dos presuntos pandilleros en el departamento de Morazán, según dijeron, pertenecientes a la mara MS-13 que portaban un fusil con mira telescópica de los usados por francotiradores para realizar atentados.
A los detenidos se les incautó además una pistola y 60 cartuchos. Los dos fueron acusados de tenencia y portación ilegal de arma de fuego y agrupaciones ilícitas.
MEDIDA «AUTORITARIA»
Mientras tanto, el Diario Hoy citó a defensores de los derechos humanos que aseguran que las acciones de cerco son «una medida autoritaria».
El abogado penalista y docente de la Universidad Centroamericana, Oswaldo Feusier, dijo a El Diario de Hoy que una característica básica de cualquier régimen autoritario es «responder a cualquier problema reacción o disidencia, con el tema de las fuerzas armadas».
A su juicio, sostuvieron, esto es precisamente lo que el oficialismo salvadoreño está haciendo en estas comunidades.
«Desde el momento en que se cuenta con las fuerzas militares como mecanismo primario y permanente en la vida pública, la medida adquiere características típicas de un Estado autoritario que busca resolver todos sus principales problemas con las armas, la milicia, la violencia armada y el ejército», indicó Feusier.
