Otro dominicano aceptó irse en extradición hacia Estados Unidos para enfrentar cargos por supuesta estafa millonaria a estadounidenses de edad avanzada.
Jovanni Antonio Rosario García se acogió al proceso abreviado para irse voluntariamente y responder por los hechos que se le imputan.
Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Jerez Mena, Nancy Salcedo, Francisco Ortega Polanco y María Garabito, pusieron a cargo de la Procuraduría General de la República la tramitación y ejecución de la decisión de Rosario García, de conformidad con los términos de la Constitución de la República y las leyes sobre la materia.
Rosario García es la sexta persona de once reclamadas en extradición por este caso que acepta irse de manera voluntaria. Los otros son Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias, José Ismael Dilone Rodríguez y Miguel Ángel Vásquez.
El grupo está acusado de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Entre los acusados también figuran un tal Keko, Nelson Rafael González Acevedo (Nelson Tech), Miguel Ángel Fortuna Solano (Botija), Carlos Javier Estévez, Luis Junior Rodríguez Serrano y Miguel Ángel Vásquez.
«ESTAFA A ABUELOS»
Según la acusación, el grupo participó en una prolongada estafa a “abuelos” o “familia necesitada de fianza” contra cientos de adultos mayores en todo el territorio de los Estados Unidos, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Se alega que varios trabajaron en centros de llamadas en la República Dominicana desde donde operaba la estafa, llamando a envejecientes estadounidenses y buscando robar su dinero.
SE HACIAN PASAR POR NIETOS
Según lo detallado en los documentos judiciales, los miembros de la conspiración, conocidos como “abridores”, llamaban a las víctimas en los Estados Unidos y se hacían pasar por los hijos, nietos u otros parientes cercanos de las víctimas.
Los centros de llamadas usaban tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían desde dentro de los Estados Unidos. Por lo general, a la víctima se le decía que su nieto había tenido un accidente automovilístico, había sido arrestado en relación con un accidente y necesitaba ayuda.
Una vez que los abridores engañaban a las víctimas haciéndoles creer que sus seres queridos estaban en grave peligro, otros que trabajaban en los centros de llamadas, conocidos como “cerradores” supuestamente se hacían pasar por abogados defensores, oficiales de policía o personal judicial y convencían a las víctimas de proporcionar miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos.
El efectivo generalmente era recogido por mensajeros enviados a las casas de las víctimas o enviado por correo por las víctimas bajo la dirección de los cerradores.
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