La Organización de los Estados Americanos (OEA) acusó al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua de buscar consolidar su control absoluto del país mediante una nueva reforma constitucional que fue enviada al Parlamento, actualmente bajo el dominio de funcionarios leales a la dictadura.
“La OEA rechaza y repudia la iniciativa de ‘ley de reforma’ de la Constitución presentada por el dictador nicaragüense Daniel Ortega”, señaló la institución en un comunicado, calificando la medida como una “aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial”.
La reforma, la número 12 desde que Ortega asumió el poder en 2007, propone extender el período presidencial de cinco a seis años, instaurar la figura de “co-presidenta”, que recaería en su esposa Rosario Murillo, y otorgar al Ejecutivo facultades para coordinar a los demás poderes del Estado.
Además, plantea incluir la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como símbolo patrio, un movimiento que la OEA calificó de “ilegítimo en la forma y el contenido” y que representa una agresión definitiva contra el Estado de derecho democrático en Nicaragua.
La modificación constitucional también incluye cláusulas represivas, como la facultad del régimen de expulsar a funcionarios públicos a discreción.
“La presión diplomática sobre el régimen dictatorial conyugal debe redoblarse para que haya justicia para el pueblo y sanción para quienes han perpetrado este atentado”, añadió la organización con sede en Washington.
Asimismo, reiteró que Nicaragua necesita “elecciones auténticas, legítimas, universales y libres”, y urgió a la comunidad internacional a actuar para proteger los derechos democráticos de la población y sancionar a quienes perpetúan el régimen autoritario.
Organizaciones en el exilio también rechazaron la iniciativa. “Destruye derechos básicos, legitima la violencia estatal y concentra todo el poder en Ortega y Murillo. Un golpe directo a la democracia y las libertades”, dijo en un comunicado la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).
La reforma consigna que “los traidores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense”, tal y como ha hecho el gobierno con unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales y religiosos que fueron expulsados de Nicaragua y despojados de su ciudadanía tras las protestas de 2018.
Ortega y Murillo acusan a la Iglesia, periodistas y ONG de haber apoyado las manifestaciones en su contra en las que murieron 300 civiles, según la ONU, y que ellos consideran un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
La propuesta establece controles para los medios y la Iglesia para que no respondan a “intereses extranjeros”.
Otra iniciativa de ley, presentada en paralelo a la reforma constitucional, amenaza con multas y suspensión de operaciones a quienes apliquen sanciones extranjeras.
“El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas”, subrayó.
Además, “al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público”, agrega el texto.
Un total de 278 periodistas han salido al exilio y ejercen su profesión desde Costa Rica y Estados Unidos, en tanto que medio centenar de religiosos fueron enviados al exterior, principalmente al Vaticano.
En la reforma, la dictadura propone la creación de una “Policía Voluntaria”, integrada por civiles, como “cuerpo auxiliar y de apoyo” a las fuerzas de seguridad.
Según la propuesta, Nicaragua se define como un Estado “revolucionario” e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN, ex guerrilla bajo cuyo liderazgo una insurrección popular derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.
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