La decisión del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, junto a los magistrados Nancy Salcedo, María Garabito y Manuel Herrera Carbuccia, de no someterse al proceso de evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ha encendido el debate público y provocado diversas reacciones en el sector jurídico y de la sociedad civil.
De los once magistrados que originalmente cumplían su período de siete años para ser evaluados, solo siete continúan en el proceso.
La negativa de estos cuatro jueces ha sido interpretada por algunos como un ejercicio legítimo de autonomía personal y profesional, mientras que otros sectores lo ven como un reflejo de la falta de confianza en el proceso y de supuestas presiones políticas que amenazan la independencia judicial.
