Unas cinco mil familias que viven del transporte de pasajeros en Invivienda y la Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este, de la provincia Santo Domingo, demandaron hoy del gobierno el reinicio de las labores de los minibuses y microbuses en el Gran Santo Domingo para paliar la difícil situación económica en que se encuentran después de más de dos meses que sus parientes tienen sin producir y sin recibir ninguna asistencia del Estado.
Explicaron que el gasto en sus viviendas es el resultado de la producción diaria de miles de choferes, cobradores, lavadores de vehículos, pequeños y medianos propietarios de unidades y otros empleados de las rutas en las que trabajan los vehículos, que por más de dos meses permanecen paralizados.
Argumentaron que después que las unidades del transporte de pasajeros fueron paralizadas por la emergencia decretada por la crisis sanitaria por el COVID-19 han pasado todo tipo de dificultades, propias de aquellos que no tienen salarios fijos, sino que su desenvolvimiento está relacionado con la producción diaria y sin que fueran tomados en cuenta en los programas sociales implementados por el Estado.
Las familias sostuvieron que en el caso de los propietarios de vehículos que son financiados, aunque no están laborando las financieras, los bancos y los prestamistas informales siguen ejerciendo todo tipo de presiones para que los pequeños y medianos propietarios paguen los préstamos.
Precisaron que durante los más de dos meses de la emergencia, los transportistas de pasajeros se han ido a la quiebra, ya que sus deudas han aumentado, todos sus compromisos permanecen porque además de los atrasos en los pagos de las unidades tienen que mantener a su familia, pagar colegios, casas, y otros, mientras sus ingresos son nulos.
Manifestaron que sus parientes trabajan en unas ocho rutas que brindan el transporte de pasajeros desde Invivienda y la Charles de Gaulle, las cuales están afiliadas a la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (FENATRANO) que ya están desesperadas, que no soportan más la miseria en que han sido sumidas en estos últimos meses.
Esas rutas son la Asociación de Choferes de la Autopista de San Isidro (ASOCHOASI R-30), Asociación de Choferes, Cobradores y Propietarios Incorporado (R-20), Cooperativa Simón Orozco (R-23), Ruta Almitante-Megacentro Carro, Asociación de Transportistas de Pasajeros (ASOTRAPA R-101), Sindicato de Transporte Villa Faro- Mendoza (SITRAVIME R-55).
También la Asociación de Propietarios de Carros y Microbuses Rivera del Ozama (ASOPROCARRO R-96C) y el Sindicato de Choferes Social Cristiano (SICHOSVIFA R-75).
Las familias de esos transportistas demandaron del Gobierno establecer un protocolo con el número de pasajeros que deben de montar los mini y microbuses de 8, 15 y 30 pasajeros para que puedan reiniciar sus labores al igual que los autobuses de 45, tanto en las zonas urbanas e interurbanas, ya que ninguna de las familias que dependen del servicio de transporte ha sido beneficiada con los programas que ejecuta el gobierno por la decretada emergencia por el COVID-19.
Adujeron que es una discriminación del Estado, que debe velar por el bienestar y la igualdad de todos los ciudadanos, disponer que sólo el transporte estatal movilice a los pasajeros que desde ayer miércoles tienen que trasladarse a sus centros de trabajo, dejando parados a los pequeños y medianos transportistas que necesitan producir para asistir a sus dependientes.
Solicitaron además que sus parientes que trabajan en carros de concho y taxis que usan el Gas Licuado de Petróleo (GLP) sean incluidos en el programa «Bono Gas», así como la creación de un bono de contingencia, a los fines de lograr una estabilización y sostenibilidad financiera de los pequeños y medianos transportistas que le permita superar la crisis financiera en que han caído.
Argumentaron que el Gobierno puede crear el citado bono con los 15 mil millones de pesos que anunció el presidente de la República, Danilo Medina, así como con los RD$40 mil millones que tomó el Estado dominicano de los fondos de pensiones en las AFP, para mitigar la crisis de las Pymes, Mipymes, transportistas y otros sectores de la economía nacional.
Esas familias solicitaron también la creación de un seguro universal y solidario para los choferes y transportistas, mediante los recursos generados por el impuesto especial de 16 pesos por galón de GLP y de los 2 pesos por galón de combustibles, creado este último en la reforma fiscal del 2012.
Solicitaron, además, que a los choferes y cobradores se les realice un préstamo personal mensual de 15 mil pesos por un período de tres meses y que se les cobre en cuotas de mil 500 pesos mensuales a partir de que reinicien a laborar.
Expresaron que al igual que el sector empresarial de capitales multimillonarios, los cuales reciben anualmente un subsidio promedio de 30 mil millones de pesos en gasoil, fuel oil y otros, que a los transportistas de pasajeros y de carga se les aplique la misma medida por un monto de tres millones de galones mensuales.
Las familias de los transportistas también reclamaron que el Gobierno dominicano cumpla con la demanda de entregar el retiro único y anticipado de hasta un 30 % de los fondos acumulados en las AFP por los trabajadores.
Fuente: Montecristi24horas.com
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