La presidenta peruana Dina Boluarte acudió a la cita con la Fiscalía para responder a las acusaciones en su contra de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante el estallido social en el país, que comenzó el pasado diciembre y se extendió durante todo el mes de enero.
Las manifestaciones antigubernamentales dejaron 49 muertos, según organismos de derechos humanos.
Custodiada por un cordón policial. Así llegó este 6 de junio la presidenta de Perú, Dina Boluarte, a la sede de la Fiscalía de la Nación después de ser citada a declarar por las muertes durante las pasadas protestas antigubernamentales, que comenzaron en diciembre de 2022 y se extendieron hasta finales de enero. Un estallido social que dejó al menos 49 muertos, según la Defensoría del Pueblo de Perú y organismos internacionales de derechos humanos.
Sin más declaraciones que un mensaje en la cuenta de Twitter de la Presidencia de la República: “Boluarte llegó a la Fiscalía de Perú para brindar declaraciones con respecto a las investigaciones que sigue el Ministerio Público”, la presidenta acude ahora a responder por las graves acusaciones en su contra.
Poco antes, su abogado, Joseph Campos, aseguró a los medios locales que la mandataria no se va a acoger “al derecho al silencio durante esta diligencia por las muertes de adultos y menores durante la violenta represión a las protestas contra su Gobierno”.
La misma Boluarte, a la que tanto manifestantes como los familiares de las víctimas acusan de ser la responsable de las “masacres” ocurridas en el sur del país durante las semanas de inestabilidad social y política, dijo la semana pasada que su intención es “esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible” y que no iba a utilizar la prerrogativa de que su declaración sea tomada en el Palacio de Gobierno.
A su salida, luego de casi tres horas declarando ante la fiscal de la nación, Patricia Benavides, la mandataria no dio declaraciones a los medios.
La política, que ascendió al cargo tras la abrupta salida del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, luego de que intentara cerrar el Parlamento y gobernar por decreto, aseguró que solo brindará declaración ante el fiscal general: “Es la única autoridad competente en las investigaciones de altos funcionarios del Estado peruano de acuerdo a ley».
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, defendió al Ejecutivo peruano, desviando la responsabilidad a las Fuerzas Armadas y la Policía. En España, donde se encuentra en un viaje oficial, fue recibido por manifestantes peruanos con gritos y pancartas de “Otárola asesino”.
Desde Madrid señaló que aquellos uniformados que hicieron “un mal uso de su armamento” deben ser investigados, pero defendió que su actuar “no respondió a una orden del Ejecutivo”.
La Fiscalía abrió el caso en enero por “las muertes de ciudadanos durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023”. Boluarte está acusada de los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” en su contra y la de su Ejecutivo, por los hechos violentos en regiones del sur como Puno, Junín o Ayacucho, de mayoría indígena.
Ya el pasado marzo Boluarte fue interrogada por primera vez, pero no podrá ser juzgada sino hasta que culmine su mandato, como ordena la Constitución peruana. Otárola, su antecesor Pedro Angulo y los exministro del Interior: Víctor Rojas y César Cercantes, así como el ministro de Defensa, Jorge Chávez, también están llamados a declarar. Incluso el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, fue citado el lunes, pero no se presentó.
Varias personas llegaron este martes a la sede de la Fiscalía, en el centro histórico de la capital, Lima, con pancartas que rezan: “No más muertos” o “Dina y Otárola asesinos del pueblo”, en señal de protesta.
¿Qué pasó durante el estallido social en Perú?
En poco menos de tres meses, casi cincuenta personas fallecieron a consecuencia de los choques durante las manifestaciones que se sucedieron por todo el país, pero que tuvieron un mayor eco y fueron aplacadas con una brutal represión en el sur. Durante varias semanas, los manifestantes salieron a las calles en apoyo al exmandatario Castillo –detenido a inicios de diciembre–, exigiendo, entre otras cosas, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones.
Hace un mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe en el que confirma que se produjeron “violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado durante las protestas”. El organismo de la OEA pidió a la Justicia peruana “investigar, juzgar y sancionar” a los responsables y calificó los hechos de “masacre”.
Las investigaciones independientes de la CIDH señalan que las víctimas recibieron “impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones, en la parte superior del cuerpo”. En una entrevista con el medio peruano ‘Ojo Público’, la máxima representante de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, expuso un supuesto sesgo racista en la represión de las fuerzas del orden peruanas.
“Nuestro informe halló que el uso de la fuerza letal por parte de los agentes de seguridad peruanos se hizo de manera exclusiva en regiones, fuera de Lima. Además, el principal objetivo ha sido gente de raíces indígenas y campesinas. Esto sugiere un sesgo racista bien marcado en el uso de la fuerza letal”, dijo Callamard a ‘Ojo Público’.
El pasado 25 de mayo, la organización de derechos humanos emitió un nuevo informe documentando las violencias contra civiles en el estallido bajo el título “Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por cuerpos de seguridad de Perú”.
El documento analiza 52 casos de personas asesinadas o heridas, con énfasis en las regiones sureñas. De los 25 fallecimientos en el sur, atribuyen al menos 20 a las fuerzas estatales que, según dicen, habrían disparado munición real contra zonas vulnerables del cuerpo como la cabeza, cuello, tórax o abdomen que «pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales».
“Lejos de ser incidentes aislados atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta, el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada”, dice el texto, que también insta a las autoridades peruanas a investigar “la posibilidad de que altos cargos ordenaran o al menos toleraran estos homicidios, sin importar lo alto que lleguen en la cadena de mando”.
