El Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó este miércoles en una lista de «actores corruptos y antidemocráticos» a 39 personas señaladas de corrupción en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
En la lista resaltan los exmandatarios salvadoreños, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, quienes se encuentran prófugos de la justicia y exiliados en Nicaragua, país que les ha otorgado nacionalidad.
Mauricio Funes reaccionó a la lista asegurando que no le extrañaba su inclusión y acusó a la embajada de Estados Unidos en El Salvador haber orquestado un montaje con sus casos de corrupción.
“No me extraña que Estados Unidos me haya incluido en la más reciente actualización de la Lista Engel siendo que la embajada de ese país ha jugado un papel relevante en el montaje del caso saqueo público y ha consentido las arbitrariedades del proceso”, aseguró sin aportar pruebas.
Por su parte, Salvador Sánchez Cerén no se ha pronunciado al respecto.
Acusados de «socavar» la democracia
En la lista, destaca también la presencia la fiscal guatemalteca Cinthia Monterroso y los jueces Fredy Raúl Orellana y Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, en momentos en que el país se encuentra inmerso en un convulso proceso electoral que se ha llegado a ver paralizado por el poder judicial.
Orellana es el juez que suspendió al partido Semilla, en Guatemala, el cual irá a una segunda vuelta en los comicios presidenciales el próximo 20 de agosto. Su decisión puso en alerta a la comunidad internacional por dicha decisión catalogada de “inconstitucional”.
Por su parte, la fiscal Monterrosa ha sido señalada de perseguir al periodista José Rubén Zamora, condenado a seis años de prisión en su país; Monterrosa también ha estado a cargo del caso en contra del partido Semilla y ordenó un allanamiento a una dependencia del Tribunal Supremo Electoral.
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En Nicaragua, el Departamento de Estado incluyó a 13 personas, entre ellas diputados, jueces y funcionarios de otras entidades del Estado.
El subsecretario de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, reaccionó al anuncio lamentando la «represión, prisión y destierro» que sufren los nicaragüenses que «ejercen sus libertades ´básicas».
