La Fiscalía de El Salvador ha pedido a un tribunal contra el crimen organizado juzgar «en un solo proceso» a 1.828 detenidos, supuestamente de la Mara Salvatrucha (MS13), durante el régimen de excepción, vigente desde hace más de dos años para combatir a las pandillas.
El Ministerio Público, que ha detallado que «los terroristas procesados» pertenecen a once células, ha indicado que «todos estos pandilleros fueron capturados gracias al régimen de excepción, logrando determinar la jerarquía que tenían dentro de la organización terrorista», según reza un comunicado publicado en la red social X.
La medida suspende algunos derechos constitucionales y ha sido criticada por organizaciones de Derechos Humanos, pero el Gobierno la defiende como una herramienta necesaria para combatir la violencia de las pandillas, cuya suspensión llevaría a un «retroceso en los avances alcanzados» y defiende que ha sido efectivo para reducir la «violencia homicida» en el país.
Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías con el objetivo facilitar el despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde se registran homicidios.
