Desde la promulgación de la Ley de Inmigración No. 95, del 14 de abril de 1939, y su reglamento de aplicación emitido el 12 de mayo del mismo año, la DGM ha sido el órgano rector de las políticas migratorias del país, regulando aspectos esenciales como el estatus de no residente, los permisos de residencia, las deportaciones y el control de entradas y salidas por vía terrestre, marítima y aérea.