Santo Domingo, R.D. – La Confederación Dominicana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Inc. (Codopyme), en representación de más de 60 asociaciones afiliadas, junto a la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, Inc. (ANEIH), la Unión Nacional de Empresarios, Inc. (UNE) y la Organización Nacional de Empresas Comerciales, Inc. (ONEC), interpusieron una Acción Directa de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 5 y 16 de la Ley núm. 98-25, que modifica la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
Las organizaciones empresariales sostienen que los artículos impugnados imponen cargas económicas, técnicas y administrativas desproporcionadas, afectando de manera directa a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), lo que amenaza su sostenibilidad, la generación de empleos y la competitividad del aparato productivo nacional.
El vocero del bloque empresarial, Fernando Pinales, presidente de CODOPYME, aclaró que las entidades respaldan plenamente la protección del medioambiente y la gestión responsable de los residuos, sin embargo, advirtió que la normativa establece una “contribución especial” calculada sobre los ingresos brutos, sin vinculación con la generación real de residuos. Según explicó, esta disposición ha provocado incrementos de hasta un 500 % en los tramos de menores ingresos, en comparación con la legislación anterior.
