El movimiento cívico Participación Ciudadana solicitó este martes la intervención del Ministerio de Administración Pública (MAP) y de la Junta Central Electoral (JCE) ante denuncias sobre supuestos cobros a empleados públicos con fines políticos en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).
La solicitud fue planteada durante la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, donde la coordinadora general de la organización, Leidy Blanco García, advirtió que, de comprobarse los hechos, se estaría ante faltas administrativas graves y posibles violaciones a la legislación electoral vigente.
Blanco explicó que corresponde al MAP determinar si las conductas denunciadas ameritan sanciones administrativas, incluida la destitución de funcionarios, mientras que la JCE debe evaluar el componente electoral de los hechos denunciados.
Asimismo, cuestionó que la respuesta institucional se limite a solicitudes de “asistencia técnica”, al considerar que lo que procede es una investigación formal y exhaustiva sobre las denuncias.
La representante de Participación Ciudadana sostuvo que los señalamientos apuntan a presiones indebidas sobre servidores públicos para que aporten recursos económicos a actividades políticas, lo cual calificó como incompatible con el marco legal.
