La empresa advirtió que el fraude eléctrico se está convirtiendo en el peor enemigo de la calidad del servicio. Cada medidor violentado, cada sello removido y cada intervención ilegal en la red genera desbalances técnicos, sobrecargas, interrupciones y riesgos de incendios o accidentes eléctricos. Además de representar un delito, estas prácticas deterioran la infraestructura, aumentan las averías y reducen la capacidad de respuesta ante fallas legítimas.